Noción de género en el derecho ecuatoriano y en el derecho comparado / María Luisa Azanza Torres
Material type:
TextPublisher: Quito-Ecuador: Universidad de los Hemisferios, 2013Description: 82 pContent type: - texto
- no mediado
- volumen
- Disponible en edición digital
| Item type | Current library | Call number | Copy number | Status | Notes | Date due | Barcode | |
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| Tesis | Biblioteca UHEMISFERIOS DERECHO | UDLH-CJP-38 A991 (Browse shelf(Opens below)) | Ej.1 | Available | Acervo Proyectos UDH - Jurídicas y Derecho | 6226 |
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Director: Dr. Juan Carlos Riofrío
Trabajo para la obtención del título de Abogada
Acceso restringido. Se requiere autorización de Dirección de Biblioteca
El objetivo del presente trabajo es determinar el sentido de la palabra género dentro del texto de la Constitución de la República del Ecuador expedida en Montecristi en el año 2008. Para ello, se atenderá a las normas de interpretación que actualmente se usan en esta materia: las tradicionales, como las consagradas por las leyes ecuatorianas en el Código Civil o la interpretación histórica que hacemos en el primer capítulo, y las más recientes, como las que constan en la misma Constitución y en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Resulta importante tratar este tema puesto que el uso de la palabra mencionada es novedoso dentro de la norma suprema del ordenamiento jurídico ecuatoriano, y tal como se evidencia en el análisis objeto de este trabajo, al parecer puede resultar ambiguo en algunos casos. Es claro que hoy más que antes la claridad de la ley es indispensable para su correcta aplicación, puesto que la teoría moderna de la interpretación puede llevar a un sinnúmero de equívocos y hasta a la injusticia de no ser de ese modo. Es esencial que la norma constitucional sea clara con el fin de que el juez pueda interpretarla y aplicarla correctamente. Inclusive, la Jurisprudencia de la Corte Constitucional que depende en cierto grado del criterio del juez que interpreta y aplica la norma. Antes, se decía que la ley se presume constitucional por lo que los jueces deben siempre aplicar la ley. Es decir,solamente la ley era de aplicación directa, no la Constitución. Más tarde se da capacidad al juez para aplicar la Constitución inclusive en desmedro de la ley si se le opusiere. Esto no permitía lograr uniformidad jurisprudencial pero fue solucionado en la Constitución de 2008, otorgando a los jueces una cierta atribución de control de constitucionalidad para que remitan las normas aparentemente inconstitucionales para que decida sobre ellas la Corte Constitucional
Disponible en edición digital
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